Grupo de trabajo concluye que construcción de la usina violó derechos de poblaciones indígenas de la región tanto lado paraguyo com brasileño.

En un estudio, a pedido por el fiscal general de Brasil, han detectado que en la construcción de uno de los principales proyectos de la dictadura militar, la usina hidroeléctrica Itaipú Binacional, ocurrió a partir de graves violaciones a las poblaciones indígenas de la región, con exclusión de esas comunidades de procesos de reasentamiento y reparación. La exclusión ocurrió por iniciativa del propio gobierno, más específicamente de tres órganos: la propia Itaipú, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la Fundación Nacional del Indio (Funai). Los órganos fraguaron la identificación de las poblaciones indígenas, al clasificar a los indios como poseedores.

Estas son las conclusiones de un grupo de trabajo constituido a petición del fiscal general de la República, Raquel Dodge, y cuyo informe se hizo público el jueves. Dodge recibió, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), líderes Ava-Guarani, a quienes la fiscal general entregó el documento con las conclusiones del grupo de trabajo.

Los fiscales de la República y antropólogos del Ministerio Público Federal (MPF) hicieron la investigación y llegaron a la conclusión sobre las graves violaciones de derechos de los Ava-Guaraní. Buena parte de ellos ocupa, hoy, territorios no demarcados y en conflictos constantes con propietarios de esas áreas.

El grupo de trabajo fue constituido en el marco de una investigación civil pública instaurada en 2008. El estudio resultante de la actuación del grupo sugiere medidas que pueden ser adoptadas en términos de reparación a los indígenas, lo que será analizada por la fiscal general. Entre las propuestas están indemnizaciones a los indígenas por tierras inundadas o indebidamente tituladas a particulares; demarcación definitiva de la tierra de los Ava-Guaraní; y reconocimiento público de la violación de derechos de la etnia durante la construcción de la planta. Itaipú, por su parte, debe desarrollar acciones de reparación y promover resarcimientos, con la participación directa de los indios.

El estudio concluido por el MPF y que orientará decisiones por parte de Dodge analizó la situación de indígenas que ocupaban dos áreas en el Paraná: Tekoha Guasu Guavirá, entre Guaíra y Tierra Roxa, y Tekoha Guasu Ocoy-Jacutinga, entre Foz do Iguaçu y Santa Helena. Son 24 comunidades en total. Según el estudio, los indios están presentes en el oeste de Paraná y en Paraguay desde el período colonial, «de forma ampliamente documentada». «A pesar de ello, durante la construcción de Itaipú, laudos y diagnósticos precarios producidos por la Funai y otros organismos de Estado atestaron la inexistencia de indígenas en las áreas inundadas, en una acción deliberada que hizo a las comunidades invisibles», dice el comunicado de la PGR sobre el estudio.

Itaipú, Funai e Incra fraguaron la identificación étnica de esas comunidades, según MPF, y los indígenas acabaron clasificados como «poseedores pobres, extranjeros o paraguayos recién llegados a las áreas». Esto impidió «la reivindicación de cualquier derecho posesivo sobre las áreas y reparación por las inundaciones».

Este fraude tiene efectos prácticos hasta hoy, según el informe. Los indios están en 20 ocupaciones en el oeste paranaense, «desprovistos de prácticamente todo». Son altos los índices de desnutrición infantil y senil. No hay agua potable ni energía eléctrica. Los indios son amenazados de desalojo por acciones de reintegración de posesión movidas contra ellos. El estudio apunta además discriminación, amenazas y violencia «por parte de la usina y de los propietarios formales de las áreas donde se encuentran». También son altos índices de alcoholismo y suicidio, según el documento del MPF

Las primeras negociaciones para la construcción de Itaipú comenzaron a realizarse entre Brasil y Paraguay en la década del 60. Las obras comenzaron en 1974. La generación de energía eléctrica comenzó en 1984.

Demarcación de tierras

En el informe sobre Itaipú, que cuestiona la disposición del gobierno de Jair Bolsonaro de no hacer nuevas demarcaciones de tierras indígenas, mientras que el informe sobre Itaipú propone que los territorios de los guaraníes sean demarcados, la procuradora general de la República afirmó que el Ministerio Público va a «promover el proceso» demarcatorio «si no hay iniciativa por el Ejecutivo.

– En el histórico de demarcación de tierras, la demarcación del pueblo guaraní es muy pequeña. Las tierras no han sido demarcadas. El trabajo del Ministerio Público es reunir las informaciones que permiten esa demarcación, según los criterios de la Constitución, es promover el proceso demarcatorio si no ocurre por el Poder Ejecutivo, dijo Dodge.

La fiscal general dijo esperar que las demarcaciones continúen siendo realizadas por el Ejecutivo, incluso con el desplazamiento de esa asignación de la Funai al Ministerio de Agricultura, controlado por ruralistas que se oponen a nuevas delimitaciones de territorios indígenas.

– El Ministerio Público ha hecho en los últimos 30 años, y seguiremos haciendo, no sólo porque queremos, sino porque es un mandamiento constitucional. La visión externa de la sociedad en relación a los indios aún tiene que superar esos aspectos de exclusión «, afirmó.

Uno de los líderes guaraníes que asistieron a la sede de la PGR para recibir en manos el estudio es Celso Japoty Alves. Él criticó la postura del gobierno en relación a las políticas públicas dirigidas a los indígenas, en especial la transferencia de las demarcaciones al Ministerio de Agricultura.

– El discurso del gobierno es que estamos tomando tierra, que Brasil está perdiendo tierra para indígena. Es lo contrario. Cuando sale la demarcación, Brasil está ganando. La gente está cuidando, reflorestando. Brasil está ganando terreno cuando sale de la demarcación. Los indígenas van a preservar la naturaleza y el agua también.

Entre las medidas que el grupo de la PGR quiere ver adoptadas, está el reconocimiento público por parte de Itaipú de que erró y violó derechos de los indígenas, con efectiva reparación, «no por mera liberalidad, sino porque de derecho», como consta en el documento que se publicó el jueves. La respuesta de la empresa binacional muestra que no hay disposición en admitir que hubo un error en relación a los guaraníes. «El reasentamiento (de indígenas) fue hecho de forma rigurosamente legal, rodeado de cuidados para preservar todos los derechos de los asentados y con vistas siempre al consenso, bajo la orientación y supervisión de la Funai», dice comunicado de Itaipú en relación al estudio divulgado por la investigación PGR.

Según la empresa, ningún laudo atestó la inexistencia de indígenas en las áreas inundadas. «En 1977, los estudios realizados por la Funai y los demás órganos indigenistas localizaron e identificaron, en aquel año, 11 familias indígenas compuestas por 27 personas, que vivían en aproximadamente 30 hectáreas a orillas del río Paraná, entre los ríos Ocoy y Jacutinga, en el área de alcance donde se formaría el reservorio de la Usina de Itaipú «, afirma.

Los reasentamientos fueron hechos en áreas mayores que las originalmente identificadas, según la usina, indicadas por la Funai y aceptadas por los indígenas. «Las nuevas áreas de tierras elegidas por la comunidad proporcionaron condiciones dignas de vida a los indígenas, con vivienda, salud, educación, alimentación, entre otras. La empresa dice atender a 290 familias, con 1.250 personas que viven en tres aldeas.

«Itaipú está colaborando con la Justicia para esclarecer toda y cualquier cuestión en relación al tema y aprovecha la oportunidad para reafirmar su compromiso con la responsabilidad social y ambiental, la sostenibilidad, los derechos humanos, la ética y la transparencia, entre otros valores y conductas que están, incluso, expresadas en su misión, políticas y principios «, afirma el comunicado. «En ese sentido, Binacional se pone a disposición para debatir las cuestiones indígenas, siempre con respeto a los derechos y en consonancia con su misión, de conformidad con su Tratado.

 

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